• Miercoles, 29 Julio 2020 a las 19:46:00

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

El acceso a la información es un derecho humano por el cual se fomenta la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública. Por tanto, es una forma de hacer exigibles otros derechos.

 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.   

 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. Saludo a todos los legisladores.

 

Señoras y Señores Legisladores:

 

El acceso a la información es un derecho humano por el cual se fomenta la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública. Por tanto, es una forma de hacer exigibles otros derechos.

 

Con la transparencia el poder está sujeto al escrutinio de los ciudadanos, mientras que, sin la transparencia, la opacidad se apodera de sus prácticas-

 

La transparencia es una conquista de la sociedad frente al Estado y un instrumento efectivo para que los ciudadanos puedan ejercer una vigilancia más sistematizada y detallada sobre la actuación gubernamental.

 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente estableció la obligación del Poder Judicial de publicar sentencias con base en un concepto jurídico indeterminado, es decir, el interés público, lo que favorece que haya apreciaciones subjetivas y discrecionalidad judicial en el acto de decidir qué sentencias se han de publicar y cuáles no.

 

Estas apreciaciones subjetivas y la discrecionalidad judicial en la publicación de sentencias provocan que entre las entidades federativas haya condiciones desiguales para el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que la disponibilidad de la información depende de la interpretación que cada Poder Judicial haga de la obligación estipulada en la ley.

 

Por lo tanto, la Ley General y las leyes de transparencia locales en este momento no establecen con precisión qué tipo de sentencias o resoluciones cumplirían con el requisito de “Interés Público”. Por lo tanto, el contenido y el alcance de la obligación de publicar las sentencias judiciales quedan sujetos a la interpretación que las autoridades hagan sobre la misma.

 

Este tipo de ejercicios tendría que sujetarse a criterios de objetividad y racionalidad; sin embargo, no está exento de que se incurra en prácticas de interpretación arbitrarias y discrecionales, máxime si no se atienden los estándares de protección del derecho de acceso a la información.

 

Por citar un ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California ordena que sean publicadas las sentencias de interés público, mientras que el Poder Judicial del estado interpreta esta disposición concluyendo que su deber es publicar la contradicción de criterios, la reiteración de éstos y la denuncia de contradicción de criterios improcedente.

 

De acuerdo con los resultados del Ranking de (In)Justicia Abierta, todos los poderes judiciales del país están reprobados en transparencia y en contar con mecanismos para la participación ciudadana débiles.

 

De igual forma, en el informe “Transparencia en la publicación de Sentencias” de Equis Justicia para Mujeres A.C., para el año 2018, diez legislaciones estatales redujeron el estándar en cuánto a la obligación de publicar las sentencias a partir de la homologación con la Ley General, es decir, estas legislaciones establecían la obligación de publicar “todas las sentencias o resoluciones que hubiesen causado estado o ejecutoria”. En la actualidad ordenan publicar “las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público”.

 

Lo anterior deriva en que la mayoría de las sentencias no son públicas en nuestro país. Solo el propio Poder Judicial y los involucrados en los juicios conocen su contenido. Esto impide que haya un monitoreo de la sociedad hacia el desempeño de los juzgadores en su labor cotidiana.

 

La falta de publicidad de las sentencias afecta de forma directa la posibilidad de que la población pueda fiscalizar y exigir cuentas sobre la labor del Poder Judicial, función que, entre otras cosas, afecta la vida de millones de personas sin que las mismas tengan oportunidad siquiera de saberlo.

 

Es por ello que, para garantizar el ejercicio al derecho a la información como derecho humano, el cual se encuentra establecido en el Artículo 6 de nuestra Carta Magna, así como en diversos tratados internacionales en los que México es un país parte, las Diputadas y Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía para que todas las sentencias emitidas sean versiones públicas.

 

Es cuanto. Muchas gracias.

 

 

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